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Bases y puntos de partida para un ambiente sano y equilibrado

Por Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina

Columna publicada en Ámbito.com

Según la Organización Meteorológica Mundial, el 2023 fue, por lejos, el año más cálido jamás registrado. En los últimos días de ese año, el Poder Ejecutivo Nacional, a cargo de un presidente que ha indicado que no cree que el cambio climático tenga origen en las acciones de las personas, ha convocado a sesiones extraordinarias para el tratamiento del proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que se ha popularizado con el nombre de “Ley Ómnibus”.

El proyecto de Ley cuenta con un capítulo de Ambiente, que incluye una decena de artículos que proponen modificaciones de fondo a la legislación ambiental, lograda durante años de trabajo articulado entre la sociedad, el estado nacional y los provinciales, los sectores productivos, la ciencia y los legisladores.

Ante esta situación, un grupo inicial de 100 organizaciones no gubernamentales, que ha crecido a más de 150 en la actualidad, ha analizado el proyecto y ha enviado notas formales a la Cámara de Diputados y a los bloques partidarios solicitando que los artículos que componen el capítulo ambiental sean eliminados del proyecto de ley. Durante más de un mes estas organizaciones mantuvimos reuniones con los diputados y diputadas que aceptaron recibirnos, reiteramos notas formales y generamos información para público interesado en nuestras redes sociales.

Luego de las reuniones de comisión, los diputados emitieron dictámenes. Solo el dictamen de mayoría mantiene el capítulo de ambiente con pequeñas modificaciones introducidas en los artículos que no disminuyen el riesgo de flexibilizar la protección del ambiente. Tanto los dictámenes de minoría, como las disidencias expresadas por los bloques que votaron el dictamen de mayoría, no incluyen al capítulo ambiental en el tratamiento de la Ley Ómnibus.

No obstante, el Ejecutivo mantiene el orden del día para el tratamiento del dictamen de mayoría y propone que los diputados voten por oficializar el desfinanciamiento de la Ley de Bosques Nativos, flexibilizar la protección de los glaciares y las zonas peri glaciales, generar mecanismos para la aprobación tácita de las quemas y, ya en otros capítulos de la ley, modificar la forma de acceder a las cuotas de pesca en el mar argentino y generar un sistema de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero incompleto.

La sociedad civil organizada ha realizado esfuerzos, por el momento infructuosos, por quitar el capítulo ambiental de la ley ómnibus. No obstante, y de cara a la inminente votación artículo por artículo, es necesario solicitar enfáticamente a los diputados y diputadas de los bloques que han emitido dictámenes de minoría -y a quienes han expresado su disidencia con el dictamen de mayoría- el voto negativo a todos los artículos que componen el capítulo ambiental, así como a los vinculados a la ley de pesca y a los relacionados a la facultad del Ejecutivo de asignar derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, los y las diputadas que expresaron disidencias al dictamen de mayoría o bien elaboraron dictámenes de minoría, deben estar sentados en sus bancas al momento de la votación para hacer efectivas sus posiciones oficiales hasta el momento.

Sobran justificaciones para este voto negativo, ya que estos artículos son contrarios a lo establecido en el Artículo 41 de la Constitución Nacional y alteran de manera regresiva las regulaciones, yendo en contra de acuerdos internacionales suscritos por el país como el Acuerdo de Escazú. Estas modificaciones pretenden alterar, de manera inconsulta e injustificada, leyes ambientales como la de bosques nativos o glaciares, que son el resultado de un amplio consenso social, producto en gran parte de los debates sostenidos en el Congreso de la Nación.  Atentos a los compromisos expresados por varios diputados y bloques, esperamos el voto negativo a todos los artículos del capítulo de ambiente y los vinculados a pesca y derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

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